Con fecha 23 de mayo de 2008, por Ley N° 26.378 , el Senado y la Cámara de Diputados de la nación, reunidos en Congreso Nacional, han dado ratificación legislativa a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y a su Protocolo Facultativo aprobadas por la Asamblea de las Naciones Unidas a fines de 2006. Una noticia extraordinaria que no ha merecido una sola línea en los medios de comunicación masiva, en los que parece no tener cabida más que para el enfrentamiento entre el Gobierno y los sectores rurales que nos angustia en estos días.
Esta buena nueva implica la plena vigencia, dentro del ordenamiento jurídico interno de la Nación, de los conceptos y preceptos de la Convención Internacional como norma de rango constitucional y valor supra-legal, es decir, que su jerarquía es mayor a la de cualquier ley vigente en todo el territorio de la República en sus tres niveles institucionales: Nación, Provincias y Municipios. Incluso, por tratarse de una convención sobre derechos humanos, se ha interpretado que tendría rango supra-constituciona l por el juego armónico de los arts. 31 y 75 inc. 22 y 24 de la Carta Magna.
Y aún más. Habiéndose ratificado también el Protocolo Facultativo, se abre una instancia jurisdiccional ante la que los ciudadanos pueden denunciar al Estado (en sus tres niveles) por incumplimientos a los derechos que emergen de la Convención.
¿Qué implica todo esto? ¿Se han solucionado los problemas que afectan a toda la población con discapacidad? ¿Se solucionarán en lo inmediato?
No. La respuesta es, desgraciadamente, no. No habrá soluciones de inmediato ni ha cambiado la realidad cotidiana de nuestras familias. El silencio que ha existido frente a este trascendente hecho político e institucional nos demuestra que la discapacidad sigue fuera de las agendas, tanto de la agenda pública (la de todos los ciudadanos) como de la agenda política (la de los distintos gobiernos). Pero sí ha cambiado, para mejor, el nivel de herramientas legales y morales que tenemos a mano para luchar por nuestros derechos y los de nuestros hijos.
La vigencia de la Convención, directamente operativa como se dijo, implica que se han llenado los vacíos legales, implica que hay fundamentos sólidos para luchar por los derechos y por las acciones concretas que hacen falta, implica que han de cambiar hasta las meras "prácticas administrativas" que tan a menudo se nos presentan como vayas infranqueables.
¿Qué nos queda por delante?... Mucho: Conocer y meditar en profundidad sobre lo que la Convención nos dice a todos, recordando que, junto a cada derecho, hay una obligación. Difundir el contenido, alcance y vigencia de la Convención. Exigir que se cumpla en todos los casos, aun cuando ello implique un esfuerzo y una obligación para con nosotros mismos.
Es el principio de un camino. Vale la pena transitarlo.
Esta buena nueva implica la plena vigencia, dentro del ordenamiento jurídico interno de la Nación, de los conceptos y preceptos de la Convención Internacional como norma de rango constitucional y valor supra-legal, es decir, que su jerarquía es mayor a la de cualquier ley vigente en todo el territorio de la República en sus tres niveles institucionales: Nación, Provincias y Municipios. Incluso, por tratarse de una convención sobre derechos humanos, se ha interpretado que tendría rango supra-constituciona l por el juego armónico de los arts. 31 y 75 inc. 22 y 24 de la Carta Magna.
Y aún más. Habiéndose ratificado también el Protocolo Facultativo, se abre una instancia jurisdiccional ante la que los ciudadanos pueden denunciar al Estado (en sus tres niveles) por incumplimientos a los derechos que emergen de la Convención.
¿Qué implica todo esto? ¿Se han solucionado los problemas que afectan a toda la población con discapacidad? ¿Se solucionarán en lo inmediato?
No. La respuesta es, desgraciadamente, no. No habrá soluciones de inmediato ni ha cambiado la realidad cotidiana de nuestras familias. El silencio que ha existido frente a este trascendente hecho político e institucional nos demuestra que la discapacidad sigue fuera de las agendas, tanto de la agenda pública (la de todos los ciudadanos) como de la agenda política (la de los distintos gobiernos). Pero sí ha cambiado, para mejor, el nivel de herramientas legales y morales que tenemos a mano para luchar por nuestros derechos y los de nuestros hijos.
La vigencia de la Convención, directamente operativa como se dijo, implica que se han llenado los vacíos legales, implica que hay fundamentos sólidos para luchar por los derechos y por las acciones concretas que hacen falta, implica que han de cambiar hasta las meras "prácticas administrativas" que tan a menudo se nos presentan como vayas infranqueables.
¿Qué nos queda por delante?... Mucho: Conocer y meditar en profundidad sobre lo que la Convención nos dice a todos, recordando que, junto a cada derecho, hay una obligación. Difundir el contenido, alcance y vigencia de la Convención. Exigir que se cumpla en todos los casos, aun cuando ello implique un esfuerzo y una obligación para con nosotros mismos.
Es el principio de un camino. Vale la pena transitarlo.
En el dibujo de Matías dice: " Hay muchas formas de ser discapacitado, la más peligrosa es no tener corazón."
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